A la fecha, los resultados de los esfuerzos concertados de varias iniciativas mundiales como el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera relacionada con la Naturaleza (TNFD, Taskforce on Nature-related Financial Disclosure) y otras, son que el flujo de capitales para inversiones y financiamiento a nivel global se han traslado progresivamente a tener un “sello verde o sustentable”. En lo cuantitativo, se estima que solamente el volumen de fondos movilizados a través de mecanismos de bonos verdes, sociales y sostenibles, según el Informe sobre el Estado del Mercado en América Latina y el Caribe publicado por la Iniciativa de Bonos Climáticos (Climate Bonds Iniative) en el 2021, es de 48.6 billones de dólares (bn), en donde el líder regional es Chile con 17.8 bn, seguido por Brasil, México, Argentina y Perú. Según este mismo informe, y siguiendo la lógica del financiamiento internacional para acceder recursos de multilaterales e inversionistas sociales, los primeros emisores han sido los Gobiernos y la Banca pública y privada.
Paralelamente, las regulaciones internacionales sobre el mercado sustentable se iniciaron en el año 2014, siendo las principales las de la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (IMCA, International Market Capital Association), organismo encargado de emitir las principales directrices para acceder a financiamiento, especialmente las que se movilizan a través de mercados de valores. En concreto, las Bolsas de Valores ya han adaptado estas regulaciones a la realidad local en sus respectivos países, y en algunos casos se resumen en las denominadas “Guías para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles”.
Ahora bien, ¿y qué pasa en el sector empresarial? Sencillamente representa un nuevo e innovador enfoque en la gestión de los Stakeholders, ya sean internos en una primera instancia como parte de la estructuración financiera de los proyectos, y posteriormente con los externos en la búsqueda de financiamiento para concretar esos proyectos. En este sentido, la estructuración de los proyectos debe seguir las prácticas de “sustentabilidad corporativa” en donde los criterios ASG (Ambientales, Sociales, Gobernanza) son claves y ya deben estar incorporados a la estrategia, así como también la definición de los respectivos indicadores que deben estar alineados a su naturaleza empresarial y rol social.
Ciertamente, las teorías y principios de las finanzas corporativas que han sido normalmente utilizadas para la estructuración y financiamiento de proyectos siguen siendo las mismas, pero ahora, se debe considerar una aplicación paralela y en cierta forma obligatoria, de los elementos estratégicos enunciados anteriormente, con lo cual es conveniente postular que lo conocido como las finanzas corporativas están migrando a denominarse “Finanzas Sostenibles”. Así bajo esta consideración, los fondos que anteriormente estaban disponibles para proyectos tradicionales ahora están o estarán igualmente disponibles, pero para proyectos desde esta nueva perspectiva, la sustentabilidad.
Importante visualizar estos nuevos elementos desde las etapas preliminares de los proyectos ya que el mundo de las finanzas ha cambiado radicalmente siendo hoy en día un aspecto crítico la inversión desde los denominados factores ASG, así como también la oportunidad de orientar esfuerzos hacia la obtención de instrumentos de alta especialidad y enfoque ambiental como son los Bonos Climáticos, Créditos de Carbono y otros.
Finalmente, la única recomendación a seguir son las guías internacionales para financiamiento verde, social y sostenible. Este es el desafío de las empresas con visión de futuro que desde esta nueva perspectiva serán más resilientes y productivas, y por supuesto, también la posibilidad de alcanzar rentabilidades superiores al promedio del mercado.