Consternación ante los niveles de corrupción vistos en el sector público y privado en los diversos países alrededor del globo, y particular preocupación presenta esta indeseada realidad para las naciones que conformamos la región en LATAM.
Valiéndose de novedosas artimañas y de la tecnología, las antiguas prácticas de corrupción se han abierto nuevos y sofisticados caminos para intentar infiltrarse en los distintos sectores y niveles de nuestra realidad Latinoamericana. Con motivo de ello, es que resulta fundamental modernizar y actualizar las barreras de prevención y control, tanto a nivel legal normativo como a nivel del deber de actuar de actores públicos como privados.
En este contexto, oportuna ha sido en Chile la entrada en vigencia en agosto de este 2023 de la Ley 21.595 de Delitos Económicos y Medioambientales, que, con el objetivo de armonizar una serie de normas destinadas a proteger el orden económico, regula un amplio catálogo de delitos modificando el Código Penal, la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente y la Ley de Sociedades Anónimas, entre otros cuerpos normativos.
Esta Ley principalmente incorpora una definición de los denominados delitos económicos y los sistematiza en cuatro categorías; extiende el catálogo de delitos imputables a personas jurídicas (alrededor de 200 tipos); amplía las clases de personas jurídicas penalmente responsables bajo la Ley No. 20.393 (universidades, partidos políticos, personas jurídicas religiosas de derecho público); establece un sistema de responsabilidad penal ambiental y un nuevo sistema de determinación de sanciones, dentro de otras incorporaciones legales.
En nuestra opinión esta Ley debe ser vista como una oportunidad de los obligados para establecer, o bien revisar y actualizar, los modelos de compliance y buenas prácticas dentro de las empresas, dependiendo de las obligaciones que les son aplicables de conformidad a la nueva normativa.
Aquí es donde la labor de TGS C&C Canessa, como asesores integrales, cobra un valor significativamente especial: la labor de auditoras, consultoras y prestadores legales es fundamental para llevar a la realidad la letra y espíritu de la Ley, y donde nuestro trabajo cobra un particular valor:
No sólo dar cumplimiento a la propia Ley, sino un valor social y ético adicional consistente en asesorar, ayudar y acompañar a los clientes en el establecimiento de una cultura de compliance, enfocada en la corrección y la responsabilidad social de las empresas en su actuar en la consecución de su fin económico, evaluando los riesgos empresariales propios de su particular negocio y asistiéndolos en la estructuración de una gobernanza corporativa eficiente, y a su vez ética, encaminada al cumplimiento de sus resultados.
En este sentido, en TGS C&C Canessa nos enfocaremos en la asesoría permanente para analizar, diagnosticar, diseñar, establecer, implementar y/o actualizar sus modelos de prevención de delitos, códigos y políticas de cumplimiento, frente a la demandantes y sofisticadas amenazas de corrupción, enfocando al compliance con un prisma de colaboración, capacitando a directores, ejecutivos y todos sus colaboradores bajo el compromiso conjunto de una actuar ético en la obtención de su fin patrimonial.